En el sumario del 11-M no hay pruebas de que las bombas se activaran en Morata

En el sumario del 11-M no hay pruebas de
que las bombas se activaran en Morata
CASIMIRO GARCIA-ABADILLO
MADRID.- Uno de los aspectos más relevantes de la investigación sobre la
autoría de los atentados del 11-M es el que se refiere al seguimiento de las
tarjetas telefónicas que presuntamente usaron los terroristas, bien para
insertarlas en los teléfonos que actuaron como temporizadores, o bien para
comunicarse entre ellos.
Jamal Zougam no habría sido detenido a primera hora de la tarde del 13 de
marzo y, por tanto, la pista islamista no se habría consolidado justo unas horas
antes de las elecciones generales, de no ser por el descubrimiento del móvil
que había en la mochila hallada en la comisaría de Puente de Vallecas en la
madrugada del 12 de marzo.
Sin embargo, como ha puesto de manifiesto la vista oral y se ve en algunos
documentos aportados al sumario, la columna vertebral que sostiene la versión
oficial está llena de zonas oscuras, vaguedades y no pocas contradicciones.
Empecemos por el principio. Tras desactivar los agentes de los Tedax la bomba
encontrada en la Comisaría de Puente de Vallecas (luego se supo que estaba
desconectado un cable que unía el teléfono al detonador que había en su
interior), el comisario jefe de dicha Unidad, Juan Jesús Sánchez Manzano,
consiguió hacerse con la custodia del móvil.
Según el informe que remitió el citado comisario al juez Juan del Olmo, el
teléfono marcaba una hora que «coincidía con la real» y el despertadorvibrador
estaba programado para las 7.40 horas.
Como sabemos, cuando el tedax Pedro extrajo el móvil de la mochila, éste
estaba apagado.

El teléfono Trium T-110 tiene una peculiaridad. Cuando se saca la pila de su
interior, hay que volver a programarlo. Es decir, hay que volver a introducir el
día y la hora de nuevo, ya que dichos datos se pierden.
Como se ha podido comprobar por fotografías distribuidas por la propia Policía
(la conocida imagen que difundió la cadena norteamericana ABC), el teléfono
se desmontó totalmente. Cosa lógica, ya que, de no haberse hecho así, habría
sido imposible saber el número de IMEI de dicho teléfono y habría sido
imposible extraer la tarjeta que fue la pista determinante para la investigación
posterior.
Según el testimonio de uno de los agentes de los Tedax que estuvo presente
esa madrugada en las dependencias de la Comisaría General de Información
cuando se desmontó el móvil hallado en la mochila, un jefe de grupo de dicha
Unidad introdujo su propia tarjeta para volverlo a programar.
Por tanto, resulta inverosímil la afirmación de Manzano, según la cual el
teléfono de la mochila marcaba una hora que «coincidía con la real» y su
alarma estaba programada a las 7.40.
Uno de los abogados de las defensas preguntó a uno de los peritos de los
Tedax que declaró durante la vista oral si en el teléfono «permanecían los
ajustes» tras extraerse la batería. Ésta fue su respuesta: «Depende del tiempo
que permanezca la batería fuera del teléfono. Si el tiempo es largo,
efectivamente desaparece».
El perito no aclaró un dato fundamental: la hora marcada para el despertador
desaparece si la batería no se vuelve a introducir en el teléfono en un tiempo
breve, pero el día y la hora hay que volverlos a introducir siempre que se saca
la batería, independientemente del tiempo que ésta permanezca fuera del
móvil..
LA BTS DE MORATA.Sobre las 10.30 horas del 12 de marzo, un comisario
adscrito a la Comisaría General de Información (según diversas fuentes,
Enrique Castaño, entonces comisario jefe de la UCAO) llamó por teléfono a José
Domingo Río, director de Seguridad de Amena, compañía a la que pertenecía la
tarjeta encontrada en el móvil, para transmitirle que en la mochila bomba de
Vallecas se había localizado una tarjeta con el número 652282963.
Sobre las 14.00 horas de ese mismo día, los empleados del Departamento de
Seguridad de Amena descubrieron que dicha tarjeta había sido vendida por un
mayorista denominado Uritel 2000 a un distribuidor de Alcorcón que operaba
bajo el nombre de Sindhu Enterprise.

Según declaró José Domingo Río ante el Tribunal, «hasta las nueve, nueve y
pico de la noche», del día 12 no se identificó «que la tarjeta tenía un registro
en una BTS [antena o repetidor] de Morata de Tajuña».
A partir de que se localiza dicha tarjeta, el propio Domingo Río, sin que ningún
mando de la Policía se lo hubiera requerido, ordenó que se guardase «toda la
información de esa BTS», según declaró durante el juicio oral.
Posteriormente, el director de Seguridad de Amena afirmó que el sábado día
13, la Policía le comunicó que la tarjeta de la mochila de Vallecas se había
vendido en un bloque de otras 30. Domingo Río afirmó a continuación: «Les
comunico a las personas que [...] a los inspectores que me dan el listado les
comento que, como muy tarde, deberíamos tener un mandamiento sobre las
seis o siete de la tarde para poder hacer todas esas gestiones, dado que si el
atentado terrorista fue el día 11 por la mañana, creíamos objetivamente que no
disponíamos de más tiempo que desde las 18.00 o 19.00 horas... Si no se
llegaba en ese tiempo, nuestro trabajo iba a ser prácticamente infructuoso y
por eso poníamos ese límite, con la particularidad de que no sabíamos si
encontraríamos algún dato, teniendo en cuenta que los otros teléfonos podían
haber sido manipulados con anterioridad y podían haber pasado las 72 horas».
Hay que tener en cuenta que las tarjetas que se activan quedan registradas en
la red a través de una antena o BTS. Si no se realizan o reciben llamadas con
posterioridad, dicha huella queda borrada automáticamente a los tres días de
su activación.
Tras esa respuesta, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, le
inquirió: «¿Se perdió la información de algunas tarjetas?». Domingo Río
contestó: «De siete u ocho tarjetas se perdió la información». Entonces,
Zaragoza puntualizó: «Porque habían transcurrido las 72 horas». Y el
responsable de Seguridad de Amena añadió: «O porque no estaban en esa
BTS».
Realmente, las confesiones de Domingo Río tienen su miga. Sobre todo si se
tiene en cuenta que el interrogatorio del fiscal Zaragoza iba dirigido
fundamentalmente a demostrar al Tribunal que desde Amena siempre se
aportaron datos a la Policía con la preceptiva orden judicial.
Después volveremos sobre las declaraciones del responsable de Seguridad de
Amena..
VISITAS A ALCORCON.Tras recibir la información de Amena de que la tarjeta
de la mochila de Vallecas había sido vendida a una tienda de Alcorcón, agentes
adscritos a la UCAO acudieron la misma tarde del 12 de marzo a Sindhu
Enterprise.¿Qué ocurrió en esa visita? Las versiones son contradictorias. Según
los informes oficiales, los propietarios de la tienda, un matrimonio de origen
indio pero de nacionalidad española, se negaron a colaborar con la Policía y se
limitaron a confirmar que, efectivamente, dicha tarjeta había sido vendida allí,
sin determinar a quién.
Los testimonios de los propietarios de Sindhu Enterprise, que declararon como
testigos protegidos ante el Tribunal, contradicen dichos informes. Según dijo la
testigo protegida S-20-04-P-19, las personas que fueron a la tienda el día 12 y
que, en principio, no se identificaron como policías, «tenían una lista de unos
números». Ese dato fue captado inmediatamente por el presidente del Tribunal,
Javier Gómez Bermúdez, quien subrayó: «Ha dicho literalmente que fueron con
una lista de tarjetas».
Posteriormente, el testigo protegido S-20-04-K-49 (propietario de la tienda y
esposo de la testigo anterior) afirmó ante el Tribunal: los policías «me pidieron
factura y yo [se la] enseñé a esos señores que llegaron vestidos de paisano y le
sacaron fotocopia y [se la] llevaron». Posteriormente, a preguntas de un
abogado de las defensas, dicho testigo afirmó que la fotocopia que se llevaron
los policías era «de mi proveedor, Uritel 2000».
Hay que tener en cuenta que la tarjeta de la mochila había sido vendida en un
paquete por el distribuidor Uritel 2000 a Shindu Enterprise.
Seguramente, como se deduce del testimonio de los propietarios, los agentes
que acudieron a la tienda de Alcorcón llevaban ya una copia de esas 30 tarjetas
y lo que querían era comprobar que, efectivamente, dichas tarjetas se habían
recibido y vendido en Sindhu Enterprise. Por eso preguntaron por una partida
de tarjetas y no sólo por un número concreto, y por eso también se llevaron
una fotocopia de la factura pagada por los dueños de dicha tienda a Uritel
2000.
Lógicamente, si Amena descubrió que la tarjeta había sido vendida a Shindu
Enterprise también debió informar a la Policía de que la tarjeta de la mochila de
Vallecas había sido proporcionada por Uritel 2000 en un paquete de otras 30.
El día 13 por la mañana, el instructor policial de las diligencias y jefe de grupo
de la UCIE, el agente con carné profesional 17.814, ordenó a un inspector de
su grupo que acudiera con otros agentes a la tienda de Alcorcón para recabar
más información. En la nota informativa redactada por los agentes de la UCAO
que fueron en la tarde del día anterior a dicho lugar, tan sólo se informaba de
que sus propietarios habían confirmado que vendieron la tarjeta de la mochila.
Pero no se decía nada ni de las 30 tarjetas de Uritel 2000 ni tampoco se
adjuntaba la fotocopia de la factura.

Sobre las 10.15 horas, el grupo policial, al mando del inspector de policía con
número profesional 23.599, se personó en la tienda de Alcorcón. Allí estaban
presentes el matrimonio propietario de la misma y el hermano del marido. Para
sorpresa de los agentes de la UCIE, la colaboración fue absoluta desde el
primer momento. Cuando le pidieron el libro de contabilidad para comprobar
los datos de compraventa de la tarjeta, el hijo de los propietarios acudió a su
domicilio y a los pocos minutos se presentó con el mismo.
Cuando los agentes le preguntaron a quién habían vendido la tarjeta, el
propietario contestó sin dudar que a la tienda que regentaban Jamal Zougam y
Mohamed Chaoui en Lavapiés. «Pero eso», añadió, «ya se lo dijimos a los
policías que estuvieron aquí ayer».
Inmediatamente, el inspector 23.599 llamó a su jefe y le comentó ese dato que
para él era muy relevante. Así lo declaró el mencionado policía al Tribunal:
«Como yo sabía que Jamal y Mohamed Chaoui estaban dentro del Sumario
0903 por el atentado de Casablanca y tenían sus teléfonos pinchados,
inmediatamente llamé por teléfono a mi jefe de grupo [...], que después
resultó ser el instructor de las diligencias, y le comuniqué esa circunstancia».
Sin embargo, no recibió órdenes inmediatas. Como el propietario de la tienda
les había dicho que, en total, le había vendido 100 tarjetas al locutorio de
Lavapiés, en dos paquetes, uno de 30 -el procedente de Uritel 2000- y otro de
70 -procedente de un distribuidor llamado Interdic-, y dado que dicho
distribuidor se encontraba relativamente cerca de allí, en la localidad de
Móstoles, los policías decidieron acudir al mismo en espera de nuevas órdenes.
Después, cuando ya se encontraban de vuelta en la tienda de Alcorcón, el jefe
de grupo llamó por teléfono y le dijo al inspector 23.599 que había que
tomarles declaración a los propietarios de Sindhu Enterprise.
Posteriormente, cuando ya se dirigían a la sede de la Comisaría General de
Información, en Canillas, el inspector 23.599 recibió una nueva llamada en la
que su jefe le pidió que, antes de llegar, les leyera sus derechos, ya que
estaban acusados de «colaboración con banda armada». ¿Por qué?, «si estaban
colaborando», preguntó el inspector a su jefe.
Cuando llegaron a Canillas, a primera hora de la tarde del día 13 de marzo,
Jamal Zougam ya había sido detenido.
Hay que recordar dos detalles de suma importancia. El primero de ellos es que
el PSOE tuvo información el día 12 por la noche de que al día siguiente iba a
ser detenido un grupo de islamistas, y que en la mañana del sábado 13
comenzaron a circular los mensajes SMS a través de móviles convocando para
esa tarde concentraciones en las sedes del PP para exigir «la verdad» sobre lo
ocurrido el 11-M..
LAS SIETE TARJETAS.La Policía tenía, pues, los datos sobre las 30 tarjetas
vendidas por Uritel 2000 a Sindhu Enterprise desde el viernes por la tarde.
Sin embargo, la petición de mandamiento judicial al juez Del Olmo no se cursó
hasta las 21.00 horas del lunes 15 de marzo. De hecho, la orden del juez a
Amena solicitando dicha información lleva fecha de 16 de marzo.
Por esa razón, el fiscal Zaragoza se esforzó en que Domingo Río le diera una
coartada para justificar que los datos siempre se habían proporcionado a la
Policía con una orden judicial de por medio.
Claro, que había algo que no cuadraba. Si, como ya sabemos, los datos de las
tarjetas activadas (en lenguaje técnico, «expedidas»), se borran
automáticamente a las 72 horas de haberse encendido el PIN (siempre que no
hayan realizado llamadas), ¿cómo es que Amena localizó un total de siete
tarjetas del paquete de 30 vendidas por Uritel 2000 en la BTS de Morata si la
orden judicial se cursó el día 16, tres días después de que teóricamente
hubieran desaparecido para siempre sus huellas de la red?A ese hecho
incontrovertible le encontró Domingo Río una aparente explicación. Según
declaró ante el Tribunal, él dio la orden el mismo día 12 de que se guardase
«todo el tráfico de la BTS».
Sin embargo, la capacidad de previsión que se atribuye a sí mismo Domingo
Río para guardar datos que posteriormente le serían requeridos por vía judicial
encierra una contradicción con su propia declaración. Si había ordenado
guardar «todo el tráfico de la BTS», ¿por qué, según dijo también ante el
Tribunal, metió prisa a la Policía para tener la orden judicial el mismo día 13
por la tarde antes de que se borrasen los datos? Sencillamente, carece de
sentido.
Sin embargo, como veremos, no es ésta la única contradicción en la que
incurrió el director de Seguridad de Amena en su declaración ante el Tribunal..
LAS SOSPECHAS DE DEL OLMO.El hallazgo de las siete tarjetas encendidas en
la BTS de Morata ha sido, hasta ahora, un hecho indiscutido. Con ello, se
demostraba que los terroristas del 11-M habían preparado las bombas un día
antes de la masacre en la casucha alquilada en las cercanías de Morata a tal
efecto por Jamal Ahmidan, El Chino, que ejercía las veces de jefe de la banda.

Sin embargo, para sorpresa del juez instructor los distintos informes policiales
no se ponían de acuerdo en un dato muy importante: ¿cuándo se activaron
dichas tarjetas?Según el informe elaborado por la UCI (Unidad Central de
Inteligencia de la Policía), que consta en las actuaciones, las tarjetas «son
encendidas bajo dicha antena [la BTS de Morata de Tajuña] en la tarde-noche
del día 9-03-2004». Posteriormente, en el informe que recoge sus
conclusiones, la UCI volvió a incidir en esa fecha. Sin embargo, la UCIE (Unidad
Central de Información Exterior, especializada en terrorismo islamista), en
diferentes informes también aportados al sumario, afirma que el encendido de
los móviles se realizó «entre las 16.00 y las 19.00 horas del día 10 de marzo de
2004 en las proximidades de Morata de Tajuña».
Es decir, 24 horas de diferencia según qué unidad policial determinase el
hecho. No era como para desechar esa contradicción. Sobre todo -hay que
volverlo a recordar- cuando estamos ante la pista clave de la investigación
sobre la mayor matanza terrorista que se haya producido nunca en España.
Ante esa discrepancia, en febrero de 2006 el juez instructor remitió a la
Comisaría General de Información una serie de preguntas relacionadas con
distintos aspectos de la investigación. La pregunta número 38 gira en torno a la
contradicción entre la UCI y la UCIE sobre la hora del encendido de las tarjetas.
En dicha pregunta, el juez ordena a la Policía que certifique su información. Es
decir, que acompañe su respuesta con «soporte técnico que acredite la
determinación de fecha y periodo horario».
Sin embargo, en el informe de la Comisaría General de Información remitido a
Del Olmo el 10 de febrero de 2006 se le vuelven a dar los mismos datos que ya
había en el sumario, y se añade: «De la información que se aporta no existe
soporte técnico que acredite dicha fecha y periodo».
Es decir, que en la causa no hay ningún documento que atestigüe que,
efectivamente, las seis tarjetas que presuntamente se utilizaron como
temporizadores de otras tantas bombas se activaran en la BTS de Morata.
La única base para hacer esa afirmación sería el supuesto testimonio de
empleados de Amena que no han firmado ningún informe al respecto, que no
han sido identificados en ningún momento y que tampoco han declarado ante
el Tribunal..
UNA DECLARACION NO CLARA.Una de las declaraciones que podían haber
arrojado algo de luz sobre ese misterio era la de los dos peritos que fueron
nombrados para investigar la localización de las tarjetas vendidas a través de
Sindhu Enterprise.

Sin embargo, el testimonio de los peritos auxiliares S20-04-X-00 y S20-04-C-
72 no despejó las dudas sobre ese asunto, aunque sí sirvió para dejar en mal
lugar, de nuevo, a Domingo Río.
Según los citados peritos, las tarjetas debieron encenderse entre las 2.24 horas
del 10 de marzo y las 2.24 horas del día 11.¿Por qué? Sencillamente porque
cada 24 horas, y a esa hora precisamente (las 2.24 de la madrugada), la
compañía Amena hace un barrido de datos de forma automática y va
eliminando las huellas de las tarjetas que no han hecho ni recibido llamadas.
En un trabajo realmente dificultoso, según confesaron ante el Tribunal, los
peritos lograron la localización de la tarjeta 652282963 (la de la mochila de
Vallecas) en ese periodo en la BTS de Morata. Y, de hecho, hay un documento
que demuestra que, efectivamente, dicha tarjeta se encendió en dicha antena
entre las 2.24 horas del 10 de marzo y las 2.24 horas del día 11.
Sin embargo, ¿dónde está el soporte documental que avala que las otras seis
se encendieron en ese mismo periodo? Sencillamente, no existe.
A preguntas de un abogado de las defensas, uno de esos peritos declaró:
«Mire, tenemos constancia de la hora a la que ya hemos hecho mención, que
es cuando se obtuvo la información de dónde estaba, de cuándo había sido
localizada esa tarjeta (la de la mochila de Vallecas) y dónde, y luego
entendemos que a continuación se hizo la identificación por celda del resto,
pero ya le digo que esa información no la tenemos».
Sin embargo, lo que sí queda claro en el documento que soporta que el
encendido de la tarjeta de la mochila de Vallecas se produjo en la BTS de
Morata de Tajuña es que su localización por parte de Amena se produjo a las
14.13 horas del día 12 de marzo. Es decir, no a «las nueve, o nueve y pico de
la noche» como aseguró Domingo Río ante el Tribunal..
UNA INVESTIGACION RAPIDA.El lunes 15 de marzo por la mañana, el instructor
de las diligencias, el inspector con carné profesional 17.814, tenía en sus
manos un informe firmado por Sánchez Manzano en el que se aseguraba de
«fuentes dignas de todo crédito» que los detonadores hallados en la Renault
Kangoo procedían de una empresa minera denominada Caolines de Merilles,
que tiene sus explotaciones en la zona de Cangas del Narcea.
De nuevo, el jefe de sección de la UCIE e instructor de las diligencias policiales
recurrió a uno de sus hombres, el inspector con carné 23.599, para que se
trasladara a Asturias e investigara ese hecho.

El 16 de marzo por la mañana, el inspector de la UCIE se trasladó a Asturias
acompañado por un comisario de la UCI. A ellos se unió después un agente del
Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
En plena investigación sobre los detonadores (Sánchez Manzano nunca ha
aclarado quiénes fueron sus fuentes para adivinar con tanta precisión la
procedencia de los mismos), el día 16 por la tarde el inspector 23.599 recibió
una llamada de otro inspector de la UCIE que se encontraba en esos momentos
en la sede de Amena en Madrid.
Dicho inspector, según declaró ante el Tribunal, le dice que «está siguiendo el
tráfico de llamadas de una tarjeta que formaba parte de las 100 que habían
sido vendidas por Sindhu Enterprise a Jawal Telecom de la calle de Tribulete y
me comunica que la tarjeta 665040605 que salta en Morata de Tajuña ha
tenido contacto, que hay tres contactos con teléfonos fijos cuyo prefijo es 985,
que correspondía a la zona de Asturias».¿A quién pertenecía esa misteriosa
tarjeta? Nada menos que a Jamal Ahmidan, El Chino.
Es decir, que lo que une la masacre de los trenes de la muerte con Asturias de
manera definitiva es una serie de llamadas desde un teléfono de El Chino a
Asturias.
Pues bien, la tarjeta 665040605 no se corresponde con ninguna de las 100
tarjetas que vendió Sindhu Enterprise al locutorio de Jamal Zougam.
El teléfono de Jamal Ahmidan, El Chino, sí tuvo contactos con otras tarjetas de
ese paquete. Sin embargo, la orden judicial para investigar el tráfico de las 100
tarjetas vendidas a Zougam con otras tarjetas lleva fecha de 29 de marzo de
2004. Es decir, 13 días después de que dicha información fuera utilizada por la
Policía y llevara a la detención de José Emilio Suárez Trashorras.
Como puede verse, la investigación sobre las tarjetas de móviles que se
utilizaron el 11-M está plagada de ocultaciones. Sin embargo, hay todavía otras
incógnitas que aún no tienen respuesta.
APOYO#«NO EXISTE SOPORTE TÉCNICO».
Documento que figura en el folio 73.450 del sumario del 11-M en el que la
Comisaría General de Información certifica que existen versiones distintas entre
la UCI y la UCIE en relación a la fecha que se activaron las tarjetas de los
móviles bajo la antena BTS de Morata y concluye que «de la información que se
aporta no existe soporte técnico que acredite dicha fecha y periodo».